Una reciente sentencia del Tribunal Supremo español (STS 959/2026, de 21 de julio) confirma un principio relevante del Derecho Administrativo español:

👉 Si la Administración no ha dictado y notificado válidamente una resolución expresa, el mero transcurso del tiempo no impide necesariamente que el interesado pueda acudir a los tribunales.

En este caso, habían transcurrido casi diez años. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que la acción no había prescrito, dado que la resolución no había sido notificada válidamente.

La Administración no puede beneficiarse de su propia inactividad.

Este criterio resulta especialmente relevante cuando se ha presentado un recurso administrativo en España y la Administración permanece en silencio durante meses o incluso años.

STS 959/2026, de 21 de julio de 2026 (Recurso de casación n.º 5003/2023).